Abogado, socio profesional y fundador del gabinete fjmadvocats. Licenciado en Derecho y máster en Derecho penal por la Universidad de Barcelona.
Es miembro del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Catalunya, asesor laboral del Consorci de Salut i Social de Catalunya, miembro de la Sociedad Catalana de Bioética.
Vinculado a hospitales, centros de salud y servicios sociales de las redes de utilización pública de Catalunya desde 1987 como letrado asesor y como miembro de los órganos de gobierno de instituciones, entre otros el Consorci Hospitalari de Catalunya (actualmente Consorci de Salut i Social de Catalunya), del que fue secretario general. Ha sido director gerente del Instituto Catalán de la Salud (diciembre 2006-noviembre 2008).
1. ¿Qué te sugiere el concepto de ética de la responsabilidad radical, especialmente en estos momentos tan inciertos que estamos viviendo?
Me sugiere que habría que invertir los términos y hablar de que la responsabilidad debe ser radicalmente ética. Especialmente en el campo de la salud y los servicios sociales en los que la responsabilidad ética de las organizaciones prestadoras de servicios, de sus directivos y de los profesionales que trabajan los hará buscar al margen de otras consideraciones el bienestar de los ciudadanos que atienden y de la comunidad a la que pertenecen, mediante normas de conducta autoimpuestas. La radicalidad de la responsabilidad la vinculo a las raíces profundas que deben sustentar las organizaciones.
2. En la actualidad nos encontramos en una situación de emergencia provocada por la Covid-19. Respecto a la vacunación frente al virus, has manifestado públicamente que «a pesar de regir el principio de voluntariedad de la vacunación y no existir una norma expresa en nuestro ordenamiento jurídico que imponga su obligatoriedad, en situaciones excepcionales como la pandemia de Covid-19 que padecemos se puede imponer la vacunación». ¿Cuál es el riesgo de imponer esta medida? ¿Estamos coartando el principio de libertad individual?
Como todos los principios y derechos fundamentales, no hay ninguno absoluto y todos admiten límites o restricciones.
La excepcionalidad de la crisis sanitaria, económica, social y cultural a la que nos ha abocado la pandemia de la Covid-19 justificaría por sí misma la imposición de la obligatoriedad de la vacunación si por la vía del convencimiento y la seducción de los ciudadanos no llega al umbral del 70 por ciento (o más según algunos expertos) de población inmunizada para alcanzar la meta de la inmunidad colectiva o de grupo. No se debe confundir vacunación obligatoria con vacunación forzosa. La vacunación es un acto de solidaridad que pretende el bien común además del bienestar individual. Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado, por primera vez, sobre la obligatoriedad de la vacunación infantil y ha establecido que, en determinadas circunstancias, no vulnera la Convención de los Derechos Humanos.
3. En una entrevista que te hicieron hace un par de años decías que «en el sector público se ha instaurado un discurso político de una nueva moral que encorseta la gestión eficaz y eficiente de los servicios». ¿Qué quieres decir con esta afirmación? ¿Y qué implicaciones puede tener para la ciudadanía?
Quería decir que se ha producido una especie de enaltecimiento de la gestión pública directa y de demonización de otras formas de gestión indirecta de los servicios públicos. Una visión sobre lo público que deja de lado dos de los principios fundamentales de la buena administración como son los de eficacia y eficiencia.
Para algunos, solo se puede considerar que son públicos aquellos servicios que se prestan desde estructuras administrativas por funcionarios públicos y no es así. Lo que define un servicio público no es quién lo presta, sino quién es el responsable de determinar la cartera y de financiarla, de garantizar la calidad y los derechos de los ciudadanos. Si de todo esto se ocupa la administración pública, el servicio es público con independencia de que quien lo preste sea una empresa o entidad de titularidad privada.
Para la ciudadanía en principio no debe tener ninguna relevancia por sí misma cuál es la titularidad del prestador del servicio: cuando vamos a nuestro centro de atención primaria o a un hospital de la red de utilización pública sabemos que nos atenderán porque somos asegurados o beneficiarios del sistema público de salud y no nos paramos a pensar si el centro sanitario pertenece a uno u otro proveedor.
4. Tienes una amplia trayectoria vinculada a los sistemas de Salud y Servicios Sociales. Y has dicho que estos son dos sistemas que han vivido históricamente de espaldas uno del otro, antes de la Covid-19, pero también después. Si realmente se pusiera a las personas en el centro y las políticas públicas se articularan para dar respuesta a sus necesidades, ¿qué debería cambiar?
Venimos de una tradición «cultural» en la administración muy larga, en la que los dos sistemas de atención a las personas – salud y servicios sociales – se han ignorado mutuamente, cuando no se han mirado de reojo con desconfianza.
Los intentos de la administración para mejorar la coordinación / integración de los dos sistemas no han tenido éxito, hay que recordar el programa ProdeP que fue un intento fracasado de desarrollo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia con implicación de lo social y sanitario; o más recientemente el Programa Interdepartamental de Atención e Interacción Social y Sanitaria.
Ahora, el Acuerdo de Gobierno para la Investidura de Pere Aragonés propone la creación de una Agencia Integrada Social y Sanitaria para las personas, para gestionar el conjunto de recursos sociosanitarios para personas mayores y con diversidad funcional. Veremos si esta agencia por fin soluciona el problema.
5. Muchas veces, los límites entre el Derecho y la Ética son difusos y sitúan a las organizaciones en escenarios inciertos en los que no saben cuál es la respuesta que deben dar a las situaciones del día a día. ¿Cuáles son los riesgos de actuar guiadas solo por la norma, sin incorporar la promoción de los derechos fundamentales como parte del compromiso ético de las organizaciones?
El compromiso ético de las organizaciones y de sus profesionales es fundamental, en particular cuando prestan servicios de atención a las personas. Las normas no lo pueden prever y resolver todo y muchas veces se plantean problemas que no pueden ser resueltos únicamente desde la perspectiva del derecho y hay que recurrir a la valoración ad hoc desde un perspectiva ética para encontrar una solución.
6. Vivimos en una sociedad híper-normativizada donde el concepto de responsabilidad se circunscribe cada vez más a dar respuesta de las propias actuaciones individuales ante estas normas. Pero la situación de incertidumbre y complejidad que nos rodea nos exige ampliar este concepto que reduce la responsabilidad a la individualidad para abordar las responsabilidades colectivas que tenemos ante los demás, como es asegurar la convivencia. ¿Qué capacidades esenciales necesitamos desarrollar para ampliar esta mirada y generar estructuras de relación que nos ayuden a vivir y convivir mejor?
Debemos recuperar principios y valores que, individual y colectivamente, tenemos oxidados. Antes me he referido a dos de ellos: la solidaridad, que no la hemos de ejercer solo de vez en cuando haciendo donaciones a causas nobles, sino que debería presidir nuestra actuación cotidiana; y el bien común, que debe ser un objetivo exigible no solo a nuestros gobernantes, sino también a toda la sociedad y a los individuos que la componen.
Y, por último, debemos recuperar la confianza en quien nos gobierna, en la ciencia, en nuestros superiores, en nuestros subordinados, en nuestros iguales… En definitiva, dejar de lado el «yo, mí, me y conmigo mismo».
7. Abordando otro ámbito de tu actividad profesional, ¿cuáles crees que son los grandes retos que debería asumir la bioética para dar respuesta a la nueva sociedad que se está dibujando?
Creo que desde la bioética hay que preocuparse cada vez más por los nuevos fenómenos que se nos están planteando, como el tratamiento masivo de la información -Big data- los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, los límites de la biomedicina y de la investigación biomédica, sin olvidar los retos de siempre en torno a los cuatro principios (autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia).
8. Por último, en tres palabras, ¿qué significa para ti incorporar la ética en la toma de decisiones?
Como dice Diego Gracia la ética no trata de valores sino de deberes, y la incorporación de la ética en la toma de decisiones debe significar que los gestores y otros responsables, cuando ejercen su responsabilidad (deber) deben saber encontrar la equilibrio entre la eficiencia y la justicia y deben saber determinar cuándo debe prevalecer uno sobre el otro en caso de entrar en conflicto.