Responsable del Área de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Es la responsable de impulsar y gestionar las relaciones institucionales de la Oficina y su proyección, y de poner en marcha acciones de concienciación social mediante la participación ciudadana.
1. ¿Qué te sugiere el concepto de la ética de la responsabilidad radical?
Actuar éticamente es, para mí, hacer lo que es correcto, en coherencia con los principios y valores de cada uno o con los de la ética pública, cuando se es servidor público. La idea de responsabilidad me orienta al resultado, a la asunción última de las consecuencias de mis actos y no a la retórica ni a la palabra vacía. La radicalidad me llevaría a no hacer concesiones ni cálculos de oportunidad. Esto no quiere decir que sea fácil, creo que requiere buenas dosis de coraje.
2. Prevenir la corrupción y reducir los riesgos de que se reproduzca es una de las funciones básicas de la Oficina Antifraude. ¿Cuáles son las claves para reducir los riesgos de la corrupción?
Debemos partir de que los riesgos siempre están ahí, porque son consustanciales al ejercicio de las funciones públicas y en la toma de decisiones sobre los recursos comunes. Lo que hace falta es identificar los riesgos (que no siempre es fácil), analizar los factores que inciden y gestionarlos de manera adecuada, de acuerdo con las probabilidades de que se materialicen y el daño que pueden provocar. Un ejemplo paradigmático son los conflictos de interés, que nos remiten a situaciones cotidianas en las que un interés (perfectamente legítimo) puede comprometer la imparcialidad y contaminar una decisión pública que necesariamente debe servir al interés general. Este riesgo a menudo pasa inadvertido o minimizamos el impacto potencial ya que creemos (erróneamente) que nosotros no nos afectará o que sabremos manejar el conflicto de manera espontánea.
Por otra parte, es imprescindible que toda conducta que se aparte de la integridad con que se ha de gestionar la cosa pública reciba respuesta (proporcional, por supuesto). Me atrevo a decir que esta reflexión vale también para el sector privado, para que el impacto de las decisiones de las empresas no quede acotado en los administradores o los accionistas sino que lo acabamos soportando entre todos.
3. «En nuestro país, el corrupto todavía es presunto inocente y el denunciante, presunto culpable»; son palabras de Azahara Peralta, alertadora del caso Acuamed. Ella lo explicaba, haciendo mención de su experiencia, hace unos días en un coloquio realizado en el contexto de la exposición «Corrupción! Revuelta ética «que organiza la Oficina Antifraude de Cataluña en el Palau Robert de Barcelona. Frases como ésta, ¿son un reflejo de las bases «éticas» de nuestra sociedad?
Es muy expresiva de cuál es la «cultura de la denuncia» dominante en nuestra sociedad, que mira con recelo y desconfianza a las personas alertadoras. El hecho de denunciar aún es percibido como una deslealtad o una traición, como un acto sospechoso, y los denunciantes ven sistemáticamente minada su credibilidad. A veces de forma sutil, otras con invectivas directas, en forma de denuncias o demandas judiciales, que suponen un verdadero acoso procesal, que se suele sumar al acoso laboral. El objetivo de esta persecución profesional y judicial es escarmentar el denunciante actual y desanimar al potencial. Lo que se dice un aviso para navegantes. No se trata de casos aislados sino de un patrón que se replica de manera sistemática.
Al denunciante sólo le debemos exigir la creencia razonable de que los hechos denunciados son ciertos. Es así como se ha de entender la obligación de actuar de buena fe. Hay que situar el foco en los hechos, más que en las motivaciones personales de quien denuncia. Por tanto, no debemos exigir a las personas alertadores que sean santos ni ángeles, ni que sean infalibles. Sólo que nos ayuden a dilucidar la verdad.
4. El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una nueva directiva para proteger los denunciantes llamados alertadores («whistleblowers»), que debe servir para proteger su anonimato y otorgarles inmunidad. ¿Cuáles son los principales cambios que esta directiva puede introducir a la realidad actual?
La Directiva, norma de mínimos, impone obligaciones a las organizaciones que trascienden el contexto laboral, tales como que se doten de canales de denuncia internos. También es obligado que se ponga a disposición de la ciudadanía un canal externo a cargo de una institución independiente y que se adopten medidas de protección contra represalias que aseguren la indemnidad personal, profesional o económica. El miedo a las represalias es el escollo aducido por un 30% de las personas encuestadas en la última edición del Barómetro elaborado por la Oficina Antifraude. La Directiva hace una mirada panorámica, que abarca el sector público y el privado, y que va más allá de la corrupción y se fija en otras conductas que pueden lesionar el interés general (salud, medio ambiente, etc.).
Pero más allá de las obligaciones legales, en la estela del derecho europeo, es necesario que las instituciones y empresas tengan presentes también otros elementos que pueden favorecer o dificultar la denuncia y que afectan a su sistema de integridad. Por ejemplo, el personal elegido por afinidad y no por mérito, que ocupa un lugar de confianza, de libre designación, o que se encuentra en una situación laboral poco estable o precaria (interinos, becarios, en comisiones de servicios, etc.) tendrá más dificultades para denunciar.
Otro ejemplo, en cuanto a los canales de denuncia: no sirve de mucho tener un buzón de recepción de comunicaciones si el personal no lo conoce lo suficiente, está mal visto hacer uso o se hace una gestión poco diligente.
5. Todos hemos crecido con frases tanto ilustrativas y generalizadas como: «Tú no te metas», «no seas un chivato»… ¿Proteger el anonimato de los alertadores puede ser una solución? ¿O es una manera de mantener la cultura de la corrupción sistémica?
El anonimato es una medida muy útil, hoy por hoy, para los potenciales alertadores. Ojalá todo el mundo se sienta suficientemente seguro para no tener que ocultar su identidad. Mientras esto no ocurra es una fórmula, coyunturalmente, indispensable. En este sentido, la tecnología nos ayuda a evitar el rastreo y permitir al mismo tiempo la comunicación bidireccional. Ello no obsta a que pueda optar libremente por otras fórmulas, como la denuncia abierta o confidencial. No todo el mundo se encuentra en la misma situación y hay que dar opciones, al igual que hay que dar libertad para utilizar el buzón o canal interno o acudir directamente a instituciones como la Oficina Antifraude; órgano independiente de control que asegura a cualquier persona que se dirija la confidencialidad (reserva de identidad para quien lo pida) o el anonimato absoluto, a gusto del consumidor.
También son importantes las acciones de concienciación y educación para acabar con el aislamiento del denunciante y para romper la telaraña de silencios y complicidades en su entorno cercano. Decía Martin Luther King que «lo peor es la indiferencia de los hombres buenos«. Se habla mucho de la resbaladiza pendiente de la corrupción, como un proceso que comienza con infracciones menores que va descendiendo hacia la corrupción mayor en organizaciones en que las conductas impropias son toleradas y normalizadas. Muchas veces, la denuncia de la corrupción sigue un proceso similar, pero inverso y empinado, que comienza con pequeños actos de resistencia hacia conductas irregulares. Es triste que este camino se recorra en solitario. Entre otras cosas porque la construcción de un sistema tóxico tampoco el crea una persona sola, hay responsabilidad colectiva por acción o por omisión.
6. Tú decías recientemente, que tenemos herramientas para fomentar la cultura de la ética y la integridad dentro de las propias organizaciones o instituciones. Y es cierto que muchas disponen de código ético, comité de ética, canales de denuncia, programas y protocolos para prevenir la corrupción, la discriminación, el incumplimiento normativo, etc. Pero parece que no acaba de producirse en el día a día la transformación que necesitamos. ¿Qué tres cosas le propondrías hacer al equipo de alta dirección de una organización que ya tiene todo esto?
Describes un contexto idílico con organizaciones aparentemente resistentes y bien dotadas de herramientas de fomento de la integridad y prevención de la corrupción. Tener implantados estos instrumentos sería, a priori, un buen indicador. Pero no creo, ni mucho menos, que este trabajo esté generalizado ni que impregne el funcionamiento operativo de nuestras organizaciones. Es frecuente el cumplimiento fragmentario o meramente formal y a menudo la alta dirección aborda esta cuestión desde un punto de vista puramente comunicativo. Tres cosas que recomendaría a quien quiera asumir la mejora de la integridad de manera sincera son: predicar con el ejemplo (para hacerlo creíble), partir del análisis de los riesgos propios (no replicar modelos genéricos) y asumir que se trata de un proceso vivo, que no se agota con un plan o un programa, sino que se ha de incorporar a la vida cotidiana de la institución y de todos los que trabajan. Esto implica un seguimiento y una evaluación continua.
7. Por último, en tres palabras, ¿qué significa para ti incorporar la ética en la toma de decisiones?
En tres palabras: sublimar la ley. La norma legal es necesaria pero insuficiente para guiar la conducta del ser humano, especialmente en comunidad, hacia el respeto y cuidado de los demás.